Por: karol Yulieth Lopéz león

Gobierno colombiano anuncia consulta popular por decreto, pese al rechazo del Senado, generando un choque institucional sin precedentes. El ministro Benedetti confirma la medida, mientras la Corte Constitucional y el Senado amenazan acciones legales.

El presidente Gustavo Petro desafía al Senado colombiano al anunciar, mediante su ministro del Interior, Armando Benedetti, un decreto para convocar una consulta popular sobre la polémica reforma laboral, a pesar de su rechazo por el Congreso. Esta acción desata una crisis constitucional de magnitud.


El 14 de mayo, el Senado rechazó la propuesta de consulta por dos votos. Sin embargo, el gobierno argumenta irregularidades en el proceso legislativo, específicamente la falta de lectura del proyecto antes de la votación, según el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992, para justificar su decisión unilateral. Esta acción ha generado fuertes críticas de la oposición y una advertencia del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha anunciado acciones legales contra el decreto. El ministro Benedetti, por su parte, ha defendido la legalidad de la medida.


El presidente Petro, firme en su decisión, sostiene que la consulta es esencial para legitimar su reforma laboral, particularmente el controvertido artículo 37 sobre el trabajo por horas. Este artículo ha generado protestas de centrales obreras que lo consideran una herramienta para precarizar el empleo. La consulta, inicialmente prevista para antes del 1 de junio, según declaraciones del gobierno, finalmente se materializa con el decreto listo para su anuncio oficial. La presión por parte de los sindicatos y algunos sectores empresariales se hace sentir en este contexto.


El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo pone en jaque la estabilidad institucional colombiana. La Corte Constitucional, con una relatoría que desaprueba la acción del Ejecutivo aunque sin carácter vinculante, se erige como árbitro final. La decisión del presidente Petro, de actuar sin la aprobación del Senado, podría tener consecuencias de largo alcance, desatando un debate profundo sobre la separación de poderes y los límites del poder presidencial en el país. La consulta, si finalmente se lleva a cabo, se convertirá en un símbolo de la profunda polarización política y social que atraviesa Colombia.