Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Ocho partidos políticos colombianos denuncian un intento de golpe de Estado por parte del presidente Gustavo Petro tras su intento de convocar una consulta popular vía decreto, sin la aprobación del Senado. La medida ha generado una fuerte crisis institucional.

Bogotá se encuentra en vilo ante la grave crisis política desatada por el anuncio presidencial. La oposición acusa a Petro de un peligroso atropello a la Constitución. El país observa con preocupación el incremento de la tensión.


La controversia comenzó con la intención del presidente Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto presidencial, obviando el proceso legislativo normal que requiere la aprobación del Senado. Esta decisión, calificada por la oposición como inconstitucional, ha generado una ola de rechazo a nivel nacional. La iniciativa pretende modificar aspectos claves del sistema político, generando un fuerte debate público.

Entre los partidos que lideran la oposición al decreto presidencial se encuentran Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y Partido ASI. En un comunicado conjunto, estos partidos calificaron la acción del presidente como un "golpe de Estado" y una "acción unilateral e inconstitucional". Líderes de las colectividades hicieron un llamado a la ciudadanía a defender la democracia. "Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una sola persona", reza el comunicado.

El intento del Ejecutivo de impulsar la consulta popular por decreto se produce después de que el Congreso rechazara una propuesta similar. Este rechazo, según la oposición, ha llevado al presidente a intentar imponer su voluntad mediante mecanismos extra-legales. La presión del ejecutivo sobre el legislativo ha generado una gran fricción, incrementando la polarización política del país.

Analistas políticos advierten sobre las graves consecuencias que podría tener este enfrentamiento para la estabilidad institucional de Colombia. La falta de consenso y el creciente enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo podrían provocar un mayor deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y desatar una profunda crisis política. La decisión de la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto será clave para el futuro del país.