Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Millones de pesos llegan a 10.185 adultos mayores víctimas del desplazamiento en el Catatumbo. Prosperidad Social anuncia una ayuda extraordinaria que evitará la desesperación en la región. ¡Entérate!

En Cúcuta, Norte de Santander, se desató una ola de optimismo el 4 de junio de 2025. Prosperidad Social, en respuesta a la crisis humanitaria del Catatumbo, inició la entrega de una segunda transferencia especial a más de 10.000 adultos mayores afectados por el desplazamiento forzado. Esta iniciativa, parte del Decreto 0323 de 2025, inyecta 2.342 millones de pesos a la región, ofreciendo un rayo de esperanza a quienes más lo necesitan. La entrega se realiza a través del Banco Agrario.


La directora encargada de Prosperidad Social, Carolina Hoyos, anunció personalmente la medida, enfatizando que esta ayuda extraordinaria no se confunde con el bono de supervivencia y que su entrega es directa, sin intermediarios ni costos adicionales para los beneficiarios. Hoyos reiteró el compromiso del gobierno con la población vulnerable, especialmente en zonas de emergencia. La funcionaria recalcó la importancia de que los beneficiarios se acerquen al Banco Agrario con su documentación para recibir su apoyo.


La entrega de los recursos, que oscilarán hasta los 230.000 pesos por transferencia, se realizará a través de transferencias bancarias o giros. Los beneficiarios, mayores de 60 años, fueron seleccionados según criterios estrictos que excluyen a quienes ya reciben apoyo del programa Colombia Mayor. Hasta 10 transferencias podrán recibir por persona, según la Resolución 0653. El proceso está diseñado para asegurar la transparencia y la eficiencia en la distribución de los fondos.


Esta iniciativa gubernamental representa un esfuerzo crucial para mitigar el impacto del desplazamiento forzado en el Catatumbo, especialmente en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el Cesar. Sin embargo, la magnitud del problema persiste, y la sostenibilidad de este tipo de programas a largo plazo es un desafío que requiere una atención continua por parte de las autoridades. La implementación exitosa de esta ayuda podría servir como modelo para futuras intervenciones en regiones afectadas por conflictos internos. El impacto positivo dependerá de la eficiencia en la distribución y el acceso real de los beneficiarios a estos recursos vitales.