Por: Miguel Angel Trujillo

Brutal agresión a una niña indígena emberá en Pueblo Rico, Risaralda, ha generado repudio internacional. El ICBF y la CNMI condenaron el hecho, registrado en video, mientras la Gobernación anuncia acciones legales. La menor recibe atención y protección.

Un impactante video muestra el salvaje ataque a una joven emberá en Colombia, desatando una ola de indignación. Las autoridades ya intervienen, protegiendo a la víctima y buscando justicia para la menor de edad.

El 30 de mayo de 2025, un video circuló en redes sociales mostrando la brutal agresión a una niña emberá de 17 años en la comunidad de Gito Dokabu, Pueblo Rico, Risaralda. Las imágenes muestran a la joven atada y golpeada salvajemente por dos hombres, hasta perder el conocimiento. Este hecho ha generado una profunda conmoción a nivel nacional e internacional. El caso ha llegado a instancias internacionales de derechos humanos.

El ICBF confirmó la atención a la menor, brindándole acompañamiento psicosocial con intérpretes. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) condenó la violencia, recalcando que ninguna tradición justifica la violación de derechos fundamentales. El Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció acciones legales contra los agresores, calificando el hecho como "injustificable".

El video, que ha sido ampliamente difundido, detalla la violencia extrema sufrida por la niña. La agresión, aparentemente motivada por razones aún desconocidas, ha desatado una investigación exhaustiva por parte de las autoridades colombianas. El ICBF activó un proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las mujeres y niñas en Colombia. La falta de acceso a la justicia y la impunidad en casos de violencia de género son factores que contribuyen a la persistencia de estos actos atroces. Las consecuencias podrían incluir una mayor presión internacional sobre Colombia para mejorar la protección de los derechos humanos de sus poblaciones indígenas y la aplicación efectiva de la ley.