Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate por recomendación de funcionarios del Estado, logrando su liberación sin intervención oficial.

El 4 de mayo, Lyan fue secuestrado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. La familia, desesperada ante la falta de avances por parte de las autoridades, recibió el insólito consejo de funcionarios estatales de negociar directamente con los captores. "Nos vimos forzados a actuar por nuestra cuenta", explicó el tío de Lyan, quien lideró las negociaciones.

Durante el cautiverio, la familia Hortúa vivió momentos de angustia y desesperación. "Nos sentimos abandonados por el gobierno", expresó el tío de Lyan, también médico, quien destacó la valentía de una prima del niño que logró establecer contacto con los secuestradores y cerrar el acuerdo de rescate. A pesar de cumplir con el pago, la familia quedó económicamente devastada.

Lyan fue finalmente entregado en una zona rural a campesinos locales, quienes lo trasladaron a la Defensoría del Pueblo. Este acto puso fin a un calvario de casi tres semanas, durante las cuales la familia criticó la falta de apoyo gubernamental y la indiferencia del presidente Petro, quien solo se pronunció públicamente sobre el caso después de que el niño fue liberado.

Este incidente subraya la problemática de seguridad en regiones afectadas por grupos armados y la percepción de una falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La familia Hortúa, aunque aliviada por el retorno de Lyan, concluye con una crítica severa al sistema: "Lo rescatamos nosotros, no el Estado". Este caso podría incrementar el debate sobre las políticas de seguridad y el manejo de secuestros en el país.