Por: Miguel Angel Trujillo

El Partido Alianza Verde suspendió a Iván Name y Sandra Ortiz tras ser implicados en un caso de corrupción que involucra el desvío de $3.000 millones de la UNGRD.

El escándalo estalló en Colombia cuando la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el senador Iván Name, acusado de estar involucrado en un desvío millonario de fondos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación, que también señala al representante a la Cámara Andrés Calle, ha sacudido los cimientos del Partido Alianza Verde, forzándolos a tomar medidas drásticas.

El Partido Alianza Verde no tardó en reaccionar y anunció la suspensión de Iván Name y Sandra Ortiz, ambos congresistas y miembros activos del partido. Esta decisión se tomó en respuesta a las graves acusaciones y a la medida de aseguramiento impuesta por la Corte, que incluye la detención de Name en un centro carcelario. "Es un paso necesario para preservar la integridad de nuestra institución", afirmó un portavoz del partido.

Según las autoridades, los implicados habrían participado en una red de corrupción que desvió más de 3.000 millones de pesos destinados a la gestión de desastres en el país. Este caso ha revelado no solo la profundidad de la corrupción en las instituciones colombianas, sino también los desafíos que enfrenta el sistema judicial para combatir estos delitos de alto perfil.

Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad de los implicados, sino que también plantea serias preguntas sobre la eficacia de los controles internos dentro de los partidos políticos y las instituciones gubernamentales. La opinión pública está atenta y espera que este caso se maneje con la máxima transparencia y justicia, para restaurar la fe en el sistema político y judicial del país.