Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido órdenes de captura contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, implicados en un escándalo de corrupción.

El 7 de mayo, la Corte Suprema tomó una decisión crucial al ordenar la captura de Iván Name y Andrés Calle Calle, ambos congresistas y exlíderes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Esta acción forma parte de una investigación sobre irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se sospecha que hubo malversación de fondos y cohecho.

Los implicados están siendo investigados por presuntamente recibir grandes sumas de dinero ilegalmente. Según testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, Name habría recibido aproximadamente 3.000 millones de pesos, mientras que Calle habría obtenido 1.000 millones. Estos fondos estarían relacionados con la adjudicación de contratos a cambio de apoyo político a ciertas reformas gubernamentales.

La investigación revela que los pagos ilícitos pretendían asegurar el respaldo de los congresistas a proyectos de ley favorables al gobierno. Este caso se suma a otros escándalos que han sacudido recientemente al país, poniendo en evidencia la persistente corrupción en las esferas políticas y administrativas de Colombia.

El proceso judicial sigue en curso, manteniéndose en reserva mientras se realizan las diligencias necesarias. La situación ha generado un amplio debate sobre la integridad de los funcionarios públicos y sus implicaciones en la estabilidad política y social del país. Las consecuencias de estos actos podrían repercutir significativamente en la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes y en la efectividad de las instituciones estatales en la lucha contra la corrupción.