Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, enfrenta una orden de captura de Guatemala, mientras Colombia rechaza la medida. La fiscal general guatemalteca, señalada por corrupción, estaría detrás de la persecución.

Iván Velásquez, embajador de Colombia en el Vaticano y exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es blanco de una orden de captura internacional. La justicia guatemalteca, solicitó una alerta roja de Interpol, generando una fuerte respuesta del gobierno colombiano. Esta decisión se suma a una larga historia de persecución contra el exministro y otros que lucharon contra la corrupción en Guatemala.

La orden de captura, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, también incluye a la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo. Velásquez denunció en X la persecución como una acción de la "corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche". Acusó a estos funcionarios de extender su campaña de intimidación contra él y Camargo, señalando que esta persecución se debe a su labor anticorrupción en Guatemala.

La solicitud de alerta roja se produce en el contexto de una larga campaña de represalias contra quienes lucharon contra la corrupción durante la existencia de la CICIG. Decenas de jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos fueron forzados al exilio. Velásquez, en su publicación en X, expresó su esperanza de que Guatemala recupere el camino de la verdad y la justicia, permitiendo el regreso de estos exiliados.

La fiscal general guatemalteca ha sido catalogada como corrupta por Estados Unidos y sancionada por la Unión Europea. La orden de captura, sin embargo, no afectará a Velásquez ni a otros funcionarios colombianos debido a su inmunidad diplomática. El caso pone en relieve la lucha contra la impunidad y las represalias que enfrentan quienes se atreven a desafiar a poderosos intereses corruptos en Guatemala. La trayectoria de Velásquez al frente de la CICIG, con logros como la judicialización de 11 casos nuevos y 101 sentencias, demuestra el impacto de su trabajo y el peligro que representa para los regímenes corruptos.